¿Son abusivos los futuros precios del bonobús?

Blog de anillas – José Félix Machuca

El alcalde de Sevilla, en plena crisis económica, cree oportuno subir los precios del bonobús simple un 33,40%.

O sea, ese bonobús pasara a costar de 6 a 8 euros.

La medida, cuanto menos, se nos antoja chocante y chirría con los mensajes de esta alcaldía cuando habla de la crisis y de cómo tienen que soportarla las clases más desaventajadas.

¿Son los ususarios del bonobús los sevillanos mejor pertrechados para soportar la crisis?

Resulta evidente que los errores de gestión de los políticos los paga siempre el contribuyente.

¿Por qué tiene que pagar el ciudadano las meteduras de pata de asno que de manera continuada se han producido con la gestión de los Transportes Públicos locales?

El alcalde, para suavizar tan mala noticia, aconseja a los usuarios sevillanos que no se fijen en los precios sino en la calidad del servicio.

¿Es aconsejable tanto cinismo en un alcalde?¿Ustedes creen que el alcalde se monta mucho en los autobuses?

A él le basta el coche oficial.

Pero ¿piensan que el alcalde padece la crisis como usted que si tiene que montarse en autobús?

Dejen a continuación sus comentarios sin insultar ni ofender a nadie. Gracias.

El vicepresidente de Camps y la cúpula del PP valenciano dirigían la financiación ilegal

EL INFORME DE LA BRIGADA POLICIAL DE BLANQUEO SOBRE LA TRAMA GÜRTEL EN VALENCIA

Rambla y Costa negociaban con ‘El Bigotes’ los pagos por servicios al PP

Diario El País – JOSÉ MANUEL ROMERO
- Madrid – 24/09/2009

 
 

La cúpula del PP valenciano ha amparado y dirigido la financiación ilegal de esta formación política durante los últimos años, según el informe de la Brigada Policial de Blanqueo que investiga el caso Gürtel. La sala de lo Penal del Tribunal Superior de Valencia, que preside Juan Luis de la Rúa, amigo declarado del presidente autonómico Francisco Camps, se niega a investigar estos hechos
e incluso ha eliminado este informe policial del sumario sobre el supuesto cohecho impropio de cuatro altos cargos del PP.

El vicepresidente valenciano, Vicente Rambla; el secretario general del PP en esa comunidad, Ricardo Costa; el vicesecretario, David Serra, y la tesorera del partido, Yolanda García Santos, estaban al tanto de la operativa financiera irregular de esta formación política. Entre los cuatro dirigentes del PP arreglaron los problemas financieros de Orange Market, la empresa valenciana de la trama Gürtel, abonando supuestas deudas con dinero de procedencia desconocida o con facturas por servicios no prestados endosadas a empresas constructoras que han recibido múltiples contratos de la Generalitat Valenciana.

La Sala de lo Penal ha sostenido en un auto que estos hechos no guardaban relación con la investigación abierta por cohecho impropio contra cuatro altos cargos del PP, entre ellos Costa, que recibieron cuantiosos regalos de la trama corrupta.

La investigación policial, resumida en 89 folios y cinco anexos, describe con detalle los mecanismos para la financiación ilegal del PP valenciano.

Doble facturación. “De cada acto ejecutado se realiza una doble facturación, una real plasmada con una factura formal emitida por Orange Market al PP valenciano por los servicios prestados con el correspondiente IVA, que se integra bajo la denominación Alicante [la A mayúscula se refiere a su origen legal] y otra sin factura, y por tanto sin reflejo contable y sin repercutir el IVA bajo la denominación Barcelona [la B se refiere a dinero negro sin justificación legal]. En consecuencia no existe transparencia en las actividades económicas desarrolladas por Orange Market en relación a la facturación al PP de la Comunidad Valenciana.

Pago de constructoras. La investigación ha acreditado que hay casos en los que para pagar las facturas legales con IVA, Orange Market ha recurrido en ocasiones al cambio de cliente, endosando una factura por servicios prestados al PP a dos empresas constructoras que tienen múltiples contratos con la administración valenciana: Ortiz e Hijos y Facsa (Sociedad de Fomento Agrícola Castellonense SA).

En los pagos en dinero B por actos del PP, la policía ha recabado numerosos indicios de que en ocasiones se sufragaba con “aportaciones diversas de empresarios de la Comunidad Valenciana como Enrique Gimeno (Facsa), Enrique Tomás Ortiz (Ortiz e Hijos); Antonio Pons Dolf, presidente de PIAF; Vicente Cotino, del grupo empresarial Sedesa y sobrino del vicepresidente valenciano Juan Cotino, y Luis Batalla (Lubasa), enmascarando estas aportaciones mediante la emisión de facturas por parte de Orange Market para justificar el pago realizado”.

Costa, canalizador de los pagos. “Además el propio PP en la persona de Ricardo Costa actúa como canalizador de los pagos con fondos ajenos al sistema financiero como se desprende de las conversaciones telefónicas. Esta forma de actuación da opacidad a la verdadera naturaleza de la operación y por tanto no aporta transparencia a la actividad económica de la formación política.

Este sistema de doble facturación y de financiación irregular de los actos realizados para el PP por el conjunto de empresas dedicadas a la organización de eventos de Francisco Correa, Special Events y Orange Market, tiene una persistencia en el tiempo suponiendo actuación sistemática en las relaciones que mantiene la organización con la formación política como se deriva del conjunto de elementos aportados.

La organización negocia el pago de la deuda con los responsables políticos valencianos, siguiendo las indicaciones de Pablo Crespo (número dosde la trama corrupta), confeccionando facturas ad hoc, con conceptos acordado entre Ricardo Costa y Álvaro Pérez. David Serra, vicesecretario general, participa eliminando determinados conceptos, preparando los talones y fijando con Álvaro Pérez la cifra global de abono. Y Yolanda García librando los fondos a indicaciones de Ricardo Costa con conocimiento de la emisión de la factura por conceptos ficticios.

La juez ve un caso de prevaricación en la venta del solar de Mercasevilla

J. Alonso-El Correo de Andalucía

El caso Mercasevilla se ha partido en dos. La juez ha abierto ya diligencias específicamente por la venta del solar de la empresa a Sando en 2006. Esta línea ha tomado impulso esta semana con la imputación de dos delitos a Fernando Mellet y Jorge Piñero: prevaricación y maquinación para alterar el precio de las cosas.

La providencia, que fue dictada el pasado miércoles, determina los delitos a los que se enfrentan los dos únicos imputados en el proceso abierto por la venta de la opción de derecho a compra de los suelos de Mercasevilla a Sando. Esta línea la abrió la juez de oficio, tras detectar irregularidades, y tuvo como punto de inflexión la declaración de los técnicos que elaboraron el pliego de condiciones y que admitieron anomalías como la inclusión de una oferta económica máxima, que permitió a Sando ganar el concurso pese a la existencia de otra oferta económicamente mejor del Grupo Noga. Por esta operación, la juez imputa al ex gerente de Mercasevilla, Fernando Mellet, y al vicesecretario del consejo de administración de la empresa, Jorge Piñero, los delitos de maquinación para la alteración de precios y de prevaricación “a la vista de las supuestas irregularidades en el concurso público”.

Esta providencia, según fuentes consultadas, implica el impulso definitivo a otro proceso paralelo por el que serán llamados a declarar los dos imputados. Primero, el vicesecretario Jorge Piñero, cuyas instrucciones siguieron los técnicos que elaboraron el concurso, según ellos mismos declararon y la dirección política, según se recoge en las actas de la sesión del Pleno municipal donde se aprobó la determinación de usar la fórmula del concurso público en lugar de la subasta que podría haber producido más beneficios.

Piñero, también vicedecano del Colegio de Abogados, tendrá que ir a declarar el ante la titular del Juzgado de Instrucción número 6 el próximo día 25 de septiembre. En el caso de Fernando Mellet, aún no está citado, aunque lo más probable es que sea de nuevo convocado, ahora sobre otro caso. La primera vez que acudió a los tribunales, en el marco del proceso por la supuesta petición de comisiones ilegales a La Raza, el ex gerente renunció a hablar ante la juez y esgrimió un informe psicológico negativo. La situación podría repetirse en las próximas semanas.

Paralelamente, la juez continuará con el proceso abierto por las conversaciones grabadas a Mellet y su director adjunto, Daniel Ponce, en la que pedían una comisión como condición para acceder a una subvención de la Junta de Andalucía.

Todas las ayudas han sido revisadas. El próximo 28 está citado el ex sindicalista, Juan Lanzas, vinculado a los ERE aprobados, y ya en octubre el delegado provincial de Empleo, Antonio Rivas.

El fuego arrasa cuatro veces más la superficie que en 2008

C. Rengel-El Correo de Andalucía

 

“Es un mal año… Malo no, muy malo”. Las cifras obligan a la confesión a la consejera de Medio Ambiente: 2009 está siendo durísimo para el monte andaluz, donde se han quemado en nueve meses cuatro veces más hectáreas que en todo el pasado año y se ha duplicado la media de la década. El exceso de matorral y el calor son las causas de este incremento.

La estadística confirma una tendencia que se estaba sintiendo en el monte en los últimos meses: 500 hectáreas calcinadas en Tarifa (Cádiz), 7.000 más en Mojácar y Turre (Almería), la oposición reclamando a la consejera que compareciera en el Parlamento en pleno julio… “Está siendo un año duro y sobre todo el verano ha sido muy malo, con unos ocho o diez incendios de media diaria en cada provincia”, reconoce la titular andaluza de Medio Ambiente, Cinta Castillo.

Entre el 1 de enero y el 14 de septiembre de 2009, en Andalucía se han registrado 803 incendios que han arrasado 12.277,5 hectáreas de monte. Casi el 77% de los fuegos no ha pasado de conato (un total de 617), esto es, la superficie quemada ha sido menor de una hectárea, y otros 186 (un 23,2%) alcanzan la categoría de incendio propiamente dicha. Huelva, con 151 intervenciones del dispositivo del Infoca, es la provincia que más incendios ha registrado, mientras que en el lado opuesto se sitúa Málaga, con 69 incidencias. Por superficie calcinada la que peor parada ha salido es Almería, con 9.013 hectáreas quemadas frente a las 93,7 de Córdoba, donde menos suelo ha quedado dañado.

Esta radiografía sitúa al presente año como el más virulento en materia de incendios forestales del último lustro y el segundo peor de la década, sólo superado por las 43.000 hectáreas quemadas en todo 2004, el año trágico en el que, sólo en el fuego de Riotinto (Huelva), las llamas arrasaron más de 30.000 y acabaron con la vida de dos personas. Entre enero y septiembre de este año prácticamente se ha duplicado la media histórica de los últimos 10 años en Andalucía, cifrada en unas 7.300 hectáreas según la agencia Efe. Aún más dura resulta la comparación con los datos de 2008, un año inusualmente tranquilo, con unas 3.000 hectáreas quemadas, una cifra que, a falta de tres meses para cerrar el ejercicio de 2009, ya es cuatro veces superior.

La consejera trata de amortiguar la dureza de estos datos explicando que el 92,3% del suelo afectado (11.334,32 hectáreas) corresponde a matorral y el resto (7,7%, 943,18 hectáreas), a zonas de arbolado. “No es que el matorral no sea importante, forma parte de los ecosistemas y es valioso, cualquier incendio supone pérdida y destrucción, pero el matorral se regenera de una forma más rápida y no hay especies en vías de extinción, no están protegidas, y en cualquier tarea de prevención tendrían que quitarse”, afirma. ¿Eso quiere decir que el monte no ha estado suficientemente limpio de cara al verano, como denuncian WWF y Ecologistas en Acción? Castillo lo niega: “Tenemos el monte absolutamente limpio. El Plan Infoca tiene a 4.800 personas trabajando, invierte cada año casi 200 millones y el 60% de ellos se gasta en prevención. Cumplimos con nuestra labor de limpieza, sí, pero recuerdo que también los particulares tienen la obligación de tener el monte absolutamente limpio”, defiende.

El principal partido de la oposición, el PP, entiende, por contra, que la prevención del Infoca ha sido “ineficaz”, pese a que ya el dispositivo no es estacional sino que trabaja durante todo el año. Su portavoz ambiental, Carolina González Vigo, ha sostenido en el Parlamento que la Junta “sólo ha actuado de forma preventiva sobre 18.000 hectáreas forestales de las casi cinco millones que tiene Andalucía”, lo que supone un “peligro en potencia” para el monte. Medio Ambiente es titular del 30% de ese suelo, con lo que debería gestionar 1,39 millones de hectáreas de monte; el resto, el 70% del espacio forestal, es de titularidad privada. El PP sostiene que, pese a que los particulares tienen también que cumplir con sus deberes, “la Junta sólo atiende al 0,38% del territorio que debería”.
La consejera insiste en que el Plan Infoca es “eficiente”, en que “se organiza muy bien” y en que debe seguir en la línea de trabajo actual. Sin embargo, con los ojos puestos en los “austeros” presupuestos de 2010, le surge la duda de si mermará la inversión actual. “Veremos, a ver si la podemos mantener”, apuntó.

Castillo ha negado la mayor desde inicios del verano y también cuando, a finales del mes de julio, tuvo que comparecer en comisión en el Parlamento para explicar la ola de incendios que sufría la comunidad. Siempre ha sostenido que la prevención del Infoca es “adecuada” y que son otros los motivos que llevan a que el monte arda. Pasado el verano, afirma que son dos las causas fundamentales. La primera es que “ha habido unas precipitaciones afortunadísimas en otoño pasado y primavera, que siempre vienen muy bien”, lo que ha hecho que crezca mucho el pasto y haya mucho matorral y mucho combustible en el campo.

La segunda es que a esa masa seca lista para arder se han sumado temperaturas “muy elevadas, de más de 40 grados, sostenidas durante dos, tres, cuatro días y acompañadas de vientos de hasta 80 kilómetros por hora, como sucedió en Mojácar y Tarifa”. Ese cóctel “peligroso” de combustible, calor y viento hizo que los incendios “fuesen más difíciles de controlar y la superficie afectada creciese”.

Desde Medio Ambiente reconocen que se han vivido días “críticos” este verano, sobre todo en julio, y que sin ayuda externa el drama hubiera sido mucho mayor. “Si no hubiese sido por la Unidad Militar de Emergencias, por la ayuda de otras comunidades y por los medios aéreos del Ministerio de Medio Ambiente, no hubiésemos podido evitar una catástrofe mayor, una catástrofe que tenía todas las posibilidades de crecer porque las circunstancias a las que nos enfrentábamos eran insalvables. Esa colaboración ha sido esencial”, concluye la consejera.

La subida del bonobús marca los precios del nuevo año en Sevilla

AUTOR: Javier Escudier

ORIGEN: Diario de Sevilla – Grupo Joly

Tussam eleva sus tarifas hasta un 20%

Las hipotecas dan un respiro a los sevillanos y se abaratan 100 euros de media

 

Las tradicionales cenas y comidas familiares para despedir el año dan paso a la también acostumbrada subida de precios que conlleva el comienzo de todo nuevo ejercicio. En el caso del transporte público, las nuevas tarifas registrarán un aumento de hasta el 20% este 2009. Ante la difícil situación económica generalizada y el aumento del paro, con tasas que superan el 15% (157.000 sevillanos), las familias tendrán que poner en funcionamiento su pericia económica para poder escalar la tan temida cuesta de enero, que este año durará más de un mes.

Año nuevo, tarifas nuevas. Muchos sevillanos tendrán que hacer juegos malabares para asumir la subida de hasta el 20% de las tarifas del bonobús o del 9% del Impuesto de Bienes e Inmuebles (IBI). El billete univiaje de Tussam cuesta ya 1,20 euros; el bonobús sin transbordo seis euros, y el bonobús con transbordo, siete euros. Utilizar el bonobús sin transbordo incrementará el dinero que tendrán que destinar los sevillanos en un 20% si continúan haciendo uso del servicio público de transporte para desplazarse por la ciudad.

Viajar o dirigirse al trabajo haciendo uso del transporte público debilitará los bolsillos de los sevillanos. A la subida de los precios de Tussam hay que unir también el incremento del precio de los billetes de cercanías. Aquellos que utilicen el tren para desplazarse tienen que abonar desde ayer, primero de enero, un 6% más al comprar el biellete. Los billetes de la alta velocidad y de trenes de larga distancia cuestan un 4% más caros que el año recién acabado.

La empresa municipal del agua (Emasesa) solicitó un crédito durante el ejercicio anterior para ejecutar un ambicioso plan de inversiones. Dicho crédito lo financiará con una subida de 12 céntimos en la factura del agua para todos sus clientes. En 2010 el recibo experimentará una nueva subida -esta vez de 18 céntimos- para todos los usuarios del servicio municipal del agua.

El Ministerio de Industria ha decido no incrementar el precio de la bombona de butano, cuyo precio máximo ha experimentado un descenso de 26 céntimos. El coste de la materia prima ha descendido considerablemente por lo que los consumidores medios de este servicio -20 bombonas al año- podrán ahorrarse con esta medida algo más de cinco euros en todo el año.

Pero no todo van a ser malas noticias para la economía de los sevillanos. Las hipotecas han sufrido en los últimos días un descenso considerable, lo que servirá para aliviar la tan dañada economía familiar. El Euríbor abarata las hipotecas más de 100 euros y ha comenzado el año en una media del 3,49%.

El año también se inicia con una subida del Salario Mínimo Interprofesional ((SMI) de un 4%, hasta alcanzar los 624 euros. Las pensiones se incrementarán una media del 6% este 2009.

Sevilla es la provincia andaluza con más muertes laborales en 2008

AUTOR: R. S.

ORIGEN: Diario de Sevilla – Grupo Joly

En el trabajo

fallecieron 35 personas,

más otras 10 que iban o venían de su empleo

Sevilla es la provincia andaluza donde más muertes laborales se han registrado en 2008. En total han fallecido 35 personas durante las horas de trabajo, según informó UGT. A esta cifra hay que sumar diez muertes que se produjeron en “in itinere”, es decir, cuando el empleado se dirigía o venía de su trabajo.

La segunda provincia andaluza con más muertes laborales es Cádiz, con 20; le siguen Málaga y Jaén, con 19 cada una; Granada (17); Córdoba y Almería (14 en cada provincia); y Huelva (12). En Andalucía, en total, han muerto 150 trabajadores en su horario laboral, a los que hay que sumar 29 fallecidos cuando venía o salíán del lugar de empleo. Sevilla es también la provincia que mayores siniestros de este tipo ha registrado, seguida de Cádiz, Málaga, Granada, Córdoba y Huelva. En Jaén ningún empleado murió cuando iba o venía de su trabajo.

El 62% de los andaluces ven falta de pluralismo en medios audiovisuales

AUTOR: Charo Solís

ORIGEN: Diario de Sevilla – Grupo Joly

 

Un 75% cree que tampoco son independientes

Un 67,6% cree que las radios y televisiones no son objetivas

Critican la imagen “festiva y folclórica” que ofrecen de Andalucía

 

En las radios y televisiones no se da el mismo trato a unos partidos políticos que a otros. Falta pluralismo. Al menos, así fue apreciado por el 62% de los 1.500 andaluces encuestados para la elaboración del Barómetro Audiovisual de Andalucía 2008, elaborado por el Consejo Audiovisual de Andalucía (CAA) y el Instituto de Estudios Sociales Avanzados (IESA). Un porcentaje que se dispara hasta la cota del 75% entre quienes, además de pluralismo, detectan una falta de independencia en los medios por responder en su funcionamiento a determinados intereses.

 

Estas consideraciones demuestran la posición “no pasiva” y sí “crítica y muy reflexiva” de los espectadores y oyentes andaluces, según constató en la presentación del Barómetro la consejera del CAA, Cristina Cruces, que resaltó cómo esta falta de pluralismo e independencia afectan a la apreciación de objetividad, ya que sólo un 32,4% cree que las radios y televisiones son bastante o muy objetivas.

 

De acuerdo con ese espíritu crítico, la calidad audiovisual es entendida como una programación variada y adaptada a todos los públicos, que prime la educación y transmisión de valores, y donde la la información se presente de forma “objetiva, neutral, independientes, imparcial y no politizada”.

 

En estos términos, es La Primera de TVE la cadena más neutral (16%), seguida de Antena 3 (11%), aunque es Canal Sur la preferida por la audiencia (21%), mientras a nivel radiofónico la más seguida y la considerada de mayor calidad es la Ser (13%). No obstante, estas cadenas, junto a las demás, siguen sin dar una imagen de Andalucía “dinámica y avanzada” y sí “festiva y folclórica” (74,8%) y asociada con el turismo.

 

Estas conclusiones son reveladoras, a la vista de que el 66,7% de los encuestados tiene como principal medio de información a la televisión y un 12% la radio, relegando a la prensa a una tercera posición, con un 9% , y seguida a tan sólo dos décimas, un 8,8%, por internet.

El Parlamento Europeo rechaza las 65 horas

AUTOR: efe, Estrasburgo

ORIGEN: Diario de Sevilla – Grupo Joly

El Parlamento Europeo rechaza las 65 horas

 

El Parlamento Europeo (PE) ha rechazado con una holgada mayoría absoluta la ampliación de la jornada laboral hasta un máximo de 65 horas semanales, el límite que acordaron los gobiernos europeos en la revisión de la directiva comunitaria sobre el tiempo de trabajo.

El no de la Eurocámara a la posibilidad de ampliar la jornada laboral fue sorprendentemente claro a tenor de los pronósticos que hacían antes de la votación los propios diputados, muy divididos sobre la medida, y forzará a los Estados miembros a negociar un nuevo texto con el PE.

Finalmente, 421 parlamentarios del total de 785 que forman el hemiciclo apoyaron la eliminación en un plazo de tres años del llamado ‘opt-out’, la cláusula que permite que, en caso de acuerdo entre el empresario y el trabajador, éste supere el límite de las 48 horas por semana.

La postura del PE es, por tanto, totalmente opuesta a la de los países de la UE, que habían pactado -con la negativa de España y Grecia- convertir esa excepción temporal obtenida por el Reino Unido en una opción definitiva para permitir a los trabajadores alargar sus jornadas hasta un máximo de 60 ó 65 horas semanales, según los casos. Esos límites estarían calculados como media sobre un periodo de tres meses, por lo que en una semana en concreto sería posible superarlos ampliamente.

La jornada de hasta 65 horas contaba con la oposición frontal de los sindicatos europeos, que ayer se manifestaron en Estrasburgo (Francia) para evitar la aprobación de la que algunos llamaron “directiva de la esclavitud” y que hoy expresaron su “satisfacción” por la respuesta del Parlamento.

“Esto no es un contratiempo para los Estados, es una opción para rectificar una decisión equivocada”, dijo inmediatamente después de la aprobación de su informe el ponente del texto y principal rostro de la oposición a la directiva en la Eurocámara, el español Alejandro Cercas (PSOE). El parlamentario, exultante, aseguró que el Parlamento ha demostrado que “no es sordo ni mudo” y que “escucha cuando hay reclamaciones justas”.

Cercas recibió en sus reclamaciones el apoyo de la gran mayoría de los diputados socialistas y de izquierda, así como el de una parte importante de liberales y conservadores, principalmente de los del Partido Popular español y de los de otros países del sur de Europa.

Además, más de 500 de los 785 eurodiputados se opusieron también a las disposiciones que afectaban a los profesionales del sector sanitario, y que pretendían que los periodos inactivos de las guardias médicas -los momentos en los que no se está atendiendo pacientes- dejasen de ser considerados como tiempo de trabajo.

Este punto fue una de las razones que llevaron a los gobiernos a reformar la legislación, pues varias sentencias de la Justicia europea han dictaminado que todas las guardias deben contarse como tiempo trabajado, lo que coloca a muchos países en situación irregular y, según ellos, pone en peligro los sistemas de sanidad. El PE también rechazó la eliminación del descanso obligatorio inmediatamente después de las guardias, otro de los puntos que preocupaba a los médicos europeos.

La patronal europea, BusinessEurope, criticó la postura del PE y advirtió de que “priva a las empresas de la flexibilidad que necesitan” y puede dificultar el funcionamiento de algunos sectores como el sanitario.

El no del Parlamento a la directiva abrirá a partir de enero un periodo de ‘conciliación’ entre la cámara y los Estados miembros para tratar de pactar un nuevo texto. “Vamos a hacer una oferta al Consejo (órgano que representa a los países) que va a ser razonable, una oferta negociada con los sindicatos y los médicos, y el Consejo verá”, dijo Cercas.

Entre las propuestas que la Eurocámara ha aprobado para dar más flexibilidad a los empresarios figura, por ejemplo, la de elevar de 4 a 12 meses el periodo de referencia que se usa para calcular la jornada semanal de 48 horas, que puede superarse siempre que se compense con periodos de menos carga a lo largo del año.

De no lograrse el acuerdo entre las instituciones, la reforma del tiempo de trabajo podría decaer y seguiría en vigor la actual directiva provisional aprobada en 1993 por los gobiernos y que la Eurocámara quiere reformar desde hace años.

El monopolio de la información

 Fuente: Diario de Sevilla – Joly

Autor: Carlos Mármol

Al parecer debemos pagarles, costear cada movimiento que hagan, financiar sus teléfonos, sus comidas, cualquier papel que necesiten para su trabajo, sostener a sus múltiples asesores y, desde hace poco tiempo, abonarles también el paro si tienen la mala suerte de caer en desgracia ante la dirección de su respectivo partido político y éste no accede, como suele hacerse, a recolocarlos en cualquier otro lugar con derecho a nómina y coche oficial. Lo que no tenemos es el derecho a saber qué es lo que hacen ni por qué. Así piensan la gran mayoría de los profesionales de la política que tenemos por estos fueros. Gente de primera, a nuestra costa. Afortunadamente, no todos gastan semejante perfil: hay excepciones, en general excelentes, pero son las menos porque así es el aire dominante. No es extraño además:en su mayoría proceden de la academia de partitocracia en la que hemos convertido –también los ciudadanos– la democracia. Como en el tango –Cambalache–, les da igual votar una cosa o su contraria, opinar sobre una materia de una determinada manera o defender lo opuesto a lo que horas antes pregonaban. Nada importa en demasía siempre y cuando cumplan a rajatabla la disciplina de su organización, que es la que alimenta, alienta y enaltece a estos padres de la patria.

Transición. Hubo un tiempo, no hace demasiado, en el que el ejercicio de tan digna función era cuestión de vocación y entrega. La política parecía una pasión deslumbrante. Momentos no tan pretéritos en los que las cosas todavía conservaban su sabor. Agrio o dulce. Acaso fue así durante la Transición. Ahora este oficio de la política, si es que se le puede llamar así, se limita a la ambición desmedida, a la retórica mala y a los argumentarios oficiales. Hasta el punto de que a muchos de nuestros políticos les molesta hasta que se les pregunte por sus decisiones. Otros son incapaces de hablar ante los demás. Quieren, como le ocurría a Sancho Panza al inicio de su mandato en la ínsula Barataria, las mieles del poder. Pero no digieren las hieles. Tampoco son capaces, como hizo el personaje de Cervantes, de dar marcha atrás y volver a ser ellos mismos. Triste cosa.Sevilla no se ha librado de esta pandemia. Acaso, dado el hecho de ser la residencia oficial del poder –sea éste del tipo que sea–, tengamos por aquí legión sobrada de estos políticos que todavía creen que el universo ciudadano gira sobre el eje de sus propias personas, aunque el mundo de verdad haga bastante tiempo que viró hacia otros derroteros.

En el Ayuntamiento hispalense, que desde la restauración de la democracia se había caracterizado en determinados periodos por el alto nivel y el savoir faire de sus capitulares, cuando destacados personajes de la política –con mayúsculas– se desvivían por los asuntos de la urbe, el tiempo ha ido devastando esta herencia. Cualquier edil merece, lógicamente, un respeto como persona y cargo electo, aunque en absoluto la reverencia general que muchos de ellos demandan de los ciudadanos, a los que en realidad menosprecian. A fin de cuentas, los votantes sólo pueden optar entre quienes proponen los partidos políticos en listas cerradas, lo que restringe el margen de los electores. No elegimos en realidad a quienes queremos, sino a aquellos a los que nos dejan elegir. Que no es lo mismo.

Pacto de silencio. Ahora, la moda en el Consistorio es no hablar ante los periodistas –la voz indirecta de la ciudadanía– de aquello que no se quiere menear. Ejemplos: Torrijos, el líder de IU, negándose en una rueda de prensa a contestar a una cuestión que no estaba “en el orden del día”; la Gerencia de Urbanismo, obviando los acuerdos relativos a los sueldos de los altos cargos en la nota oficial de constitución de su consejo gobierno; el propio PP –paradójicamente en la oposición– intentando convertir la agenda partidaria de su candidato en la de toda la ciudad. Todos buscan ejercer el monopolio de una información –la que se deriva de los expedientes y resoluciones municipales– a la que los ciudadanos deberían tener libre acceso por dos motivos: su elaboración se paga con sus impuestos y así lo reconoce la Constitución, que en su artículo 105 garantiza “el acceso de los ciudadanos a los archivos y registros administrativos, salvo en lo que afecte a la seguridad del Estado, los delitos y la intimidad de las personas”. Ninguno de estos límites se rebasa en Sevilla. Sin embargo, que un ciudadano pueda enterarse de primera mano –con documentos– de cómo gobierna su Ayuntamiento requiere un sinfín de trámites o la intermediación de un edil que se debe a su partido más que a sus electores. Demasiados filtros para ejercer un derecho constitucional. Suele decirse que la falta de pluralidad o no respetar a las minorías frustra cualquier democracia. En este caso, a la que se ignora es a toda una mayoría. La que paga y vota. O quizás ya no

Los socios de Portillo presionan para que sustituya al consejero delegado de Colonial

Origen: El Confidencial – Carlos Ribagorda – 15-06-2007

El número dos de Colonial, Mariano de Miguel, está en el alero. Según ha podido saber este periódico, algunos socios de Luis Portillo en la inmobiliaria están descontentos con la gestión del consejero delegado de la compañía, sobre todo después de que esta semana se conocieran los problemas que está teniendo para cerrar la financiación del crédito de 7.177 millones de euros con los que Portillo ha cimentado el actual imperio de Colonial (FCC, Riofisa…).

“Se la juega”, aseguran fuentes conocedoras de la situación. “Como no saque adelante ese tema va a ser difícil que siga. Los socios se están dando cuenta de que Colonial es algo que le supera y Portillo también. Él era director general adjunto de Cajamar, una pequeña entidad andaluza, y ahora está en una de las mayores inmobiliarias de Europa. Algunos socios creen que le viene grande este proyecto y verían con buenos ojos que se le sustituyera”, indican estas fuentes.

En cualquier caso, la decisión es de Portillo puesto que el sevillano controla el 38,6% de Colonial. Sus socios son, entre otros, los hermanos Nozaleda (10,2%), Alicia Koplowitz (8,9%), Rafael Santamaría (6,4%), José Ramón Carabante (5%) y Aurelio González (5%). También está Domingo Díaz de Mera con una participación menor, en torno al 2%.

Portillo fichó a Mariano de Miguel en febrero de 2006 procedente de Cajamar, la tercera caja de ahorros de Andalucía, y le situó como su mano derecha en una trepidante carrera que ha convertido la empresa en una de las mayores inmobiliarias de Europa en sólo un año. Pero ahora tiene que llevar a buen puerto las negociaciones de ese crédito de más de 7.000 millones, y el hecho de que se hiciesen públicos los problemas no le ha ayudado.

Nuevas condiciones del préstamo

Según se conoció el pasado martes, los bancos Royal Bank of Scotland, Calyon, Goldman Sachs y Eurohypo están renegociando con Colonial las condiciones de ese crédito, firmado el trimestre pasado, ante la dificultad que están encontrando estos bancos para sindicarlo. Malos tiempos para las inmobiliarias. Una mala noticia porque, con ese crédito, Colonial pretende refinanciar su actual deuda, que asciende a algo más de 7.000 millones de euros. Esto representa que el ratio de la deuda sobre el valor de activos es superior a un 63%. La inmobiliaria, cuando se supo la noticia, aseguró que no había ningún problema y restó importancia al asunto.

Sin embargo, según las fuentes consultadas, sí tiene importancia y puede acabar con la carrera del consejero delegado. De hecho, ese mismo día Portillo emitió un comunicado asegurando que estaba estudiando la posibilidad de alcanzar hasta un 2% del BBVA, algo que se interpreta en el entorno de la compañía como una manera de desviar la atención sobre el verdadero problema. “Lo último que hace un empresario es anunciar que va a comprar algo, porque sube el precio. Si se quiere comprar algo, se compra, y luego se anuncia, pero no al revés. Si de verdad quería comprar más acciones del BBVA, él mismo las ha puesto más caras”, aseguran estas fuentes.