Multa a tres altos cargos por infracción electoral

R. P. - Diario de Sevilla - Grupo Joly -

El presidente de la Diputación (PSOE), el viceconsejero de Cultura (PSOE)y la alcaldesa de Osuna (PSOE), multados con 120 euros 

 Nota de El Diario de Sevilla: lo que aparece en rojo es un añadido del administrador del blog y tiene que ver con el artículo titulado “estilo periodístico al servicio del psoe”

La Junta Electoral Central multó ayer con 120 euros al presidente de la Diputación de Sevilla, Fernando Rodríguez Villalobos; al viceconsejero de Cultura de la Junta de Andalucía, José María Rodríguez Gómez, y a la alcaldesa de Osuna, Rosario Andújar, al considerar que llevaron a cabo una campaña institucional prohibida en el acto de firma de un convenio para la rehabilitación del teatro Álvarez Quintero del municipio sevillano de Osuna.

Según indica la resolución de la Junta Electoral, el PP presentó el pasado 6 de marzo una denuncia ante la Junta Electoral de Zona de Osuna por el acto institucional celebrado en la Diputación, consistente en la presentación pública y posterior firma de un protocolo de intenciones para la rehabilitación del teatro, al considerar que se trataba de una supuesta infracción del artículo 50.3 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (Loreg).

La Junta Electoral Central considera el acto una infracción tipificada en el artículo 153.1 de la Loreg en relación con el artículo 50.1 de la misma, al constituir “una campaña institucional prohibida por dicho precepto”. De este modo, resuelve que los poderes públicos no pueden realizar “ninguna campaña durante el periodo electoral que atente contra los principios de objetividad y transparencia del proceso electoral y el principio de igualdad”.

Además, añadió que el acto tiene “indudables connotaciones electoralistas”, al suponer “la exposición de logros realizados y de proyectos para realizar en el futuro por las administraciones participantes”. La Junta Electoral asegura que “el convenio no se sometió a la aprobación de la Diputación Provincial hasta el 27 de marzo, más de 22 días después de la fecha de celebración del acto institucional”, dando a entender que se han utilizado “medios públicos no previstos por la Ley por quienes ocupan dichos cargos como medio para inducir al voto a favor de las formaciones políticas en las que están integrados, lo que constituye una infracción electoral”.

La Junta Electoral Central estima que esta infracción electoral es “una campaña institucional que no resulta imprescindible para la salvaguarda del interés público o para el correcto desenvolvimiento de los poderes públicos” porque es “perfectamente legítima fuera de los periodos electorales”, pero que “una vez convocado un proceso electoral se convierte en campaña institucional que nuestro ordenamiento jurídico prohíbe para garantizar la igualdad entre los actores electorales”.

Cinco ediles del PSOE son imputados por un fraude electoral

EUROPAPRESS

 

Un concejal de Carboneras fue sorprendido tirando el voto por correo de 40 vecinos

El titular del Juzgado de Instrucción número uno de Vera (Almería) ha imputado un presunto delito electoral al ex alcalde y actual teniente alcalde de Carboneras, Francisco Ruiz Aguado (PSOE), la edil de Presidencia, Rosario Fernández (PSOE) -hermana del actual regidor, Cristóbal Fernández-, la concejal de Turismo, Josefa Cruz (PSOE), la ex edil socialista Josefa Ruiz y el empresario Juan Cruz por un presunto fraude en el voto por correo en las elecciones municipales de 2007.

Fuentes judiciales revelaron que el juez ha citado a declarar hoy a Ruiz Aguado, que, cuatro días antes de los comicios, fue sorprendido supuestamente por un panadero del pueblo cuando tiraba a la basura una bolsa que contenía la documentación relativa al voto por correo de 40 vecinos del municipio, entre la que estaban las papeletas de todos los partidos salvo el PSOE.

Las dos ediles, la ex concejal y el empresario, imputados por el juez a raíz de las declaraciones de una treintena de testigos, tendrán que declarar el próximo mes de octubre por presuntas coacciones o promesas a vecinos del municipio a cambio de votar por correo al PSOE.

Francisco Ruiz Aguado asumió la Alcaldía de Carboneras en noviembre de 2006 después de que Cristóbal Fernández (PSOE) dimitiera del cargo para cumplir la condena de seis meses de inhabilitación impuesta en 2005 por un delito electoral cometido en 1999 derivado de “coacciones” a un funcionario municipal en el voto por correo.

Estilo “periodístico” al servicio del PSOE

El Diario de Sevilla

Son muchos los casos de corrupción soportados en el urbanismo que se están dando en nuestra Andalucía en los últimos 25 años; en estos años el PSOE ha gobernado la comunidad con mayoría absoluta o casi absoluta.

De la responsabilidad del Gobierno del Psoe, de los corruptos y de las direcciones de los partidos a los que pertenecen estos corruptos ya han corrido ríos de tinta; no me voy a ocupar de esto pero si de la forma, del estilo en que algunos “periodistas” cuentan estos hechos.

Centrándome en el caso de Estepona, cuando aparece la noticia, en ningún momento aparece en el titular en los medios de PRISA (el Correo de Andalucía, por ejemplo) las siglas PSOE junto a las del Alcalde imputado, solo se habla en el cuerpo de la noticia del “alcalde socialista de Estepona”: se guardan muy mucho de asociar las siglas PSOE al Alcalde Imputado por Corrupción.

Hoy, cuando han llamado a declarar a concejales del PP y del PA, les ha faltado tiempo para asociar estas siglas en el titular al caso de corrupción: “La Policía llama a ediles de PP y PA en Estepona” a pesar de que, en el cuerpo de la noticia, indican que no se sabe si declaran como imputados o como testigos.

De la misma forma, la noticia de que la hija del Presidente del Senado, el militante del PSOE Javier Rojo, también ha sido llamada a declarar no merece el titular; eso si, por si acaso, “informan” que “La directora de Urbanismo del consistorio costasoleño, Patricia Rojo, hija del presidente del Senado, Javier Rojo, fue otra de las que pasaron el miércoles por las dependencias policiales. Lo hizo como imputada a petición propia para tener así más garantías procesales. Al salir de la comisaría, acompañada de tres personas, no quiso hablar a los medios de comunicación y se metió rápidamente en un coche”.

Como pueden ver, en ningún momento dicen que Javier Rojo es del PSOE ; eso si, resaltan  que es Patricia la que solicita ir como imputada, voluntariamente.

Es un buen ejercicio analizar no solo lo que dicen los medios sino cómo lo dicen; El Correo de Andalucía, medio ampliamente distribuido de forma gratuita por centros de día, residencias de tercera edad, organismos públicos, … en Sevilla, cumple hoy, con él titular en el que aparecen las siglas PP y PA, con su labor partidista en favor del PSOE de dar a los simpatizantes y militantes socialistas el argumento de que los otros también están “pringaos”… en unos días, cuando la marea vaya bajando, lo que se irá transmitiendo es que el PP y el PA son los que estaban detrás de todo y el PSOE ayudó, una vez más, a la limpieza democrática y a la lucha contra el corrupto.

Os invito a todos los que entráis en este blog a hacer este ejercicio crítico, es gratis, solo tenemos que entrar en las webs de los medios para darnos cuenta de que no solo no existe prensa libre (en mi opinión esto es imposible) sino de que ni siquiera es ecuánime, o lo que es lo mismo, que no tiene imparcialidad de juicio.

Seguiremos

El alcalde accidental de Estepona declara dos horas como imputado

Encarna Jerez - Diario de Sevilla - grupo Joly

 

La atención que durante días despertaron los juzgados de Estepona por el caso Astapa, que investiga una presunta trama de corrupción urbanística en el municipio malagueño, se trasladó ayer a la Comisaría del Cuerpo Nacional de Policía, donde prestaron declaración por orden de la instructora del caso, entre otros, el alcalde accidental de la localidad, Rafael Montesinos (PA), y la coordinadora del área de Urbanismo, Patricia Rojo, hija del presidente del Senado, Javier Rojo.

También pasaron por las dependencias policiales el gerente de Urbanismo del Ayuntameinto, Juan Manuel Ramos, y el abogado Ignacio Pérez de Vargas, miembro de la Fundación Antonia Guerrero, que impulsa la puesta en marcha de la Ciudad del Conocimiento. El martes a última hora de la tarde también declaró en la comisaría el edil del PP Guillermo Galeote.

Montesinos, que asumió la Alcaldía en funciones tras la detención del socialista Antonio Barrientos, ahora en prisión por este caso, llegó a la comisaría a primera hora de la tarde y declaró durante aproximadamente dos horas ante los investigadores. Eludió en todo momento aclarar si acudía como imputado o testigo y se limitó a decir que estaba dispuesto a “colaborar con la Justicia en todo lo posible”.

Por la mañana compareció ante la Policía Patricia Rojo, que prestó declaración como imputada en las diligencias, informa Efe. La coordinadora de Urbanismo permaneció más de cuatro horas en el interior de la comisaría, de donde salió sobre las 14:30. Abandonó las dependencias evitando en todo momento a los medios de comunicación que esperaban su salida.

Rojo fue propuesta por el PSOE en el anterior mandato de la Corporación, cuando los tres partidos integrados en el pacto de gobierno -PSOE, PES e IU- diseñaron una Gerencia de Urbanismo mancomunada con responsables de los tres partidos.

Los concejales socialistas expulsados del PSOE Asunción López, Mariví López, Marisa Rodríguez y Francisco Zamorano, en libertad bajo fianza por la operación Astapa, emititieron ayer un comunicado conjunto para anunciar su decisión de mantener sus actas porque “somos inocentes de las hechos que se nos imputan”.

De los imputados por la operación que quedan por abonar la fianza impuesta por la juez del caso, Mariví López (30.000 euros) lo hará mañana tras pedir una ampliación del plazo. El abogado Juan Simón ha solicitado una reducción de su aval de 300.000 eruos que fijó la instructora. En total, 18 de los 26 detenidos están en libertado con cargos y bajo fianza.

Aquí no dimite ni dios

Ignacio Martínez - Diario de Sevilla - Grupo Joly

 

Una semana después de estallar el caso Estepona no ha dimitido nadie. Ni siquiera Antonio Barrientos ha dejado de ser concejal; sólo ha renunciado a la Alcaldía. En el PSOE se ha abierto el paraguas para aguantar el chaparrón informativo, en la convicción de que la prensa se cansará y otros temas harán olvidar el fiasco de su gestión en el Ayuntamiento de Estepona. Estos ocho días nos han aportado mucha noticia de lo que pasaba en este municipio. La juez considera que Barrientos era el cabecilla de una red dedicada a obtener fondos de promotores y empresarios para financiar actividades públicas y privadas, y para enriquecerse personalmente. Entre las actividades privadas estaría financiar a su propio partido. Esta semana hemos sabido de cajas de seguridad en los bancos con dinero B, de billetes de 500 euros con los que se atendía a asociaciones en campaña electoral, de concejales socialistas que advirtieron a la dirección provincial sobre lo que estaba pasando.

Y en este punto, encontramos uno de los nudos gordianos del problema. La secretaria provincial, Marisa Bustinduy, y el secretario regional de Organización han entonado al unísono la misma canción: “A mí, que me registren”. La semana pasada ponía como ejemplo que Willy Brandt dimitió como canciller de Alemania Federal porque se descubrió que su secretario personal, Günter Guillaume, era un espía de la RDA. No había ningún indicio de que este sujeto y su mujer eran infiltrados de la Alemania comunista, pero un político de la categoría de Brandt se sintió responsable. Aquí no hay responsables políticos, porque no hay dirección política. Luis Pizarro, el número dos del PSOE andaluz, afirma que ha fallado la condición humana. No. Han fallado los controles políticos. La burocratización de los partidos trae estas cosas: un funcionario reclama al concejal que señala irregularidades que “la denuncia sea probatoria”, igual que el empleado de una ventanilla pública exige que una solicitud sea por duplicado y con una póliza de 20 céntimos.

Una dirección política es otra cosa: supone una autoridad y una responsabilidad. La Junta de Andalucía, para cubrirse, señala que ha abierto 1.300 expedientes por presuntas irregularidades urbanísticas en Estepona. ¿No lo sabía el Partido Socialista? Pizarro y Bustinduy tenían miles de indicios sobre irregularidades en este municipio. Por tanto, tienen miles de razones más de Brandt para asumir su responsabilidad. ¿Saben ustedes que Barrientos es delegado al congreso regional del PSOE en el número 9 de la lista de Bustinduy?

Ahora no se puede venir a decir a la opinión pública que ha habido un fallo humano, como si el maquinista de un tren se salta una señal. Aquí hay un problema de código, de valores, de ética. De control político. Y muchos responsables. Pero no dimite ni dios.

El alcalde de Estepona, concejales, técnicos y empresarios, detenidos en una nueva Malaya

E. J. · A. V. · P. D. A. - Diario de Sevilla - Grupo Joly

La Fiscalía considera que el Ayuntamiento esteponero funcionaba “con el mismo patrón” que el de Marbella · Al menos 25 personas arrestadas y la operación sigue abierta.

La corrupción urbanística salpica otra vez de lleno a un equipo de gobierno de la Costa del Sol. El alcalde de Estepona, Antonio Barrientos, y buena parte de la corporación municipal fueron detenidos ayer por la Policía Nacional acusados de irregularidades en este campo, así como de blanqueo de capitales. En la operación, denominada Astapa y que la Fiscalía compara con Malaya, han sido arrestadas al menos 25 personas, entre los que se encontrarían, técnicos del Consistorio, empresarios del municipio, grandes nombres del sector de la construcción y abogados. La intervención continuaba abierta al cierre de esta edición.

La Dirección General de la Policía y la Guardia Civil informó ayer en un comunicado de que el dispositivo policial, en el que participaron más de 200 agentes, se extendió también a las provincias de Madrid, Córdoba, Bilbao y San Sebastián. Ésta señaló que entre los detenidos estaban “los principales responsables de la Corporación municipal de Estepona, técnicos, abogados y empresarios, a los que se vincula con delitos conectados con la corrupción urbanística y el blanqueo de capitales”. Durante la jornada de ayer, se realizaron 38 registros domiciliarios y en sedes de empresas. “También se han expedido órdenes de prohibición de enajenar bienes inmuebles, dirigidas a 22 registros de la propiedad, de 55 personas físicas y jurídicas; y se ha solicitado la prohibición de enajenar 64 bienes muebles de 36 personas. Asimismo, se ha ordenado el bloqueo de cuentas corrientes y activos financieros dirigidos a 91 entidades de 78 personas físicas y jurídicas”, precisaron.

La operación Astapa ha destapado un entramado corrupto que supuestamente alcanzaba a los principales nombres del equipo de gobierno del Ayuntamiento de Estepona y cuyo origen podría encontrarse en la implicación de una de estas personas en el caso Malaya. Fuentes cercanas a la investigación señalaron que, además del alcalde, Antonio Barrientos (PSOE), habrían sido arrestados el concejal de Economía y Hacienda, Francisco Zamorano (PSOE); la concejala de Playas, Marisa Rodríguez Pino (PSOE); la edil de Educación, María Victoria López (PSOE); el concejal de la oposición Manuel Reina (PES); el jefe de gabinete de la Alcaldía, José Flores; el ingeniero de Urbanismo Javier Wittmeur; y el arquitecto municipal Arturo Cebrián, a quien unas escuchas telefónicas ya vincularon el pasado mes de febrero con la operación Hidalgo contra el blanqueo de capitales procedente de actividades delictivas.

Las acusaciones también han salpicado a los responsables de las empresas locales Codelsa y Ceano, que tenían relaciones comerciales con el Consistorio, y el empresario cordobés José Romero, propietario de Prasa y del Córdoba CF, cuya familia desmintió su arresto y precisó que únicamente había sido llamado para que aclarase “la actividad inmobiliaria de la compañía a lo largo de los últimos años en Estepona”. Fuentes próximas a la empresa Valle Romano manifestaron que la sede que ésta tienen en la urbanización que lleva el mismo nombre fue inspeccionada por agentes.

Fuentes del Ministerio Público señalaron a Efe que el Ayuntamiento de Estepona funcionaba “con el mismo patrón” que el de Marbella, en la misma provincia, bajo el gobierno del Grupo Independiente Liberal (GIL) y han añadido que los delitos que se investigan son, en principio, los de cohecho, tráfico de influencias, prevaricación y blanqueo de capitales.

Como en el caso de Marbella, la investigación se centra en la recalificación de terrenos del municipio, que se otorgaban a diversas sociedades a un precio muy inferior al de mercado y señalaron que en la causa obran múltiples intervenciones telefónicas que indican que los concejales que firmaban esas adjudicaciones obtenían un beneficio económico.

Algunas de las supuestas irregularidades cometidas en Estepona se analizaban en un informe elaborado por la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal de la Policía recogido en el sumario del caso Malaya contra la corrupción en Marbella.

Los investigadores vieron “intereses ocultos” en un convenio urbanístico firmado en noviembre de 2005 entre el Ayuntamiento de Estepona y una sociedad inmobiliaria cuyo administrador único era Óscar Jiménez, uno de los testaferros del presunto cerebro de la operación Malaya, Juan Antonio Roca.

El acuerdo, relativo a la venta de aprovechamientos urbanísticos en la zona de Bahía de Estepona, fue suscrito por Barrientos con el apoderado de una inmobiliaria imputado en Malaya y supuso la venta del 90% de la parcela a 757,1 euros el metro cuadrado y el 10% restante a 831,3 euros. Los responsables del caso observaron un “desfase” en la valoración referida a unos 2.300 metros con la que se fijaba en un contrato privado suscrito entre la primera inmobiliaria y otra sociedad, que cifró en 2.085 euros el precio de cada metro cuadrado edificable.

La Ejecutiva Regional del PSOE andaluz decidió ayer iniciar los trámites para incoar expedientes de expulsión provisional del partido de aquellos concejales implicados en la investigación policial, lo que supondría el ocaso político de Barrientos, cuya carrera ha estado marcada por claroscuros.

La operación, desarrollada por la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional, es coordinada por la titular del juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Estepona y la Fiscalía Anticorrupción.

El cortijo de IU

Editorial Diario de Sevilla-grupo Joly -

 

El líder sindical de los policías municipales sevillanos dice que muchos agentes se preguntan por qué se actúa en otras zonas de la ciudad contra la botellona y no en la Alameda. La respuesta es de dominio público y la han pregonado tanto vecinos afectados por la movida como el presidente de la Coordinadora de Asociaciones Independientes de Sevilla, José Baena: la Alameda se rige por un régimen diferente al resto de Sevilla “por ser un territorio del que se ha apropiado IU”. Ya desde los tiempos de Paula Garvín en el Ayuntamiento, los sindicatos policiales denunciaban que tenían la instrucción verbal de no intervenir en este territorio comanche de IU, pero es que ahora la instrucción ya se da por escrito: no deben aparecer por la Alameda hasta las cuatro de la madrugada. O sea, hasta que se apaguen los ecos de los conciertos al aire libre que sistemáticamente, y para desesperación de los vecinos, se organizan en aquel espacio bajo la aquiescencia de los ediles Silva y Torrijos, de Torrijos y Silva. En contraste, la Policía Local activa el dispositivo antibotellón en el resto de zonas de movida de la ciudad (Los Remedios, Buhaira, Alfalfa) a las 22:30, por lo que la Alameda se convierte en ciudad sin ley durante cinco horas y media cada noche. La delegación de Convivencia y Seguridad, como no puede negar la evidencia de la orden por escrito a la Policía para que se abstenga de intervenir en el cortijo de IU, da la poco convincente explicación de que la situación obedece a una “cuestión logística” (¿?) del propio cuerpo policial. Se mire desde el punto de vista en que se mire, la situación es inadmisible, porque la consecuencia es siempre la misma: se está incumpliendo la ley contra las botellonas. Si la orden a la Policía obedece a una instrucción política de hacer la vista gorda en la zona de IU, es un escándalo. Si los mandos de la Policía actúan a espaldas de la delegada y para complacer a IU, es un escándalo aún mayor. Y si los mandos policiales no logran, por cuestiones logísticas, que los agentes lleguen a la Alameda a las 22:30 como en el resto de Sevilla estarían demostrando su incompetencia. El alcalde y/o la delegada deben obrar en consecuencia: no pueden seguir lavándose las manos.

Déficits y excesos

Editorial Diario de Sevilla - Grupo Joly - 31 de marzo de 2008 

Casi en horas veinticuatro, como las obras de Lope de Vega, que pasaban de las musas al teatro, el proyecto de ampliación del tranvía desde el Prado de San Sebastián hasta Santa Justa ha pasado de costar sobre el papel (las desviaciones presupuestarias a posteriori se dan por sobreentendidas) 59 millones de euros a 72 millones. Sin tender un solo metro de vía, ya hay un sobrecoste del 22% porque el Ayuntamiento no había determinado aún el precio de ejecución del túnel soterrado que es preciso construir en la avenida de San Francisco Javier y en la de Ramón y Cajal. Lo peor es que el Consistorio aún no ha evaluado cuánto costarán otros dos túneles y ocho parkings asociados al proyecto, con lo cual la cifra final puede ascender fácilmente a una de nueve dígitos. Hay que recordar que los 1.400 metros del tranvía entre la Plaza Nueva y el Prado han costado extraoficialmente -el Ayuntamiento nunca ha desglosado oficialmente el presupuesto final- 83 millones de euros. Ahora, la ampliación de 2.865 metros hasta Santa Justa ya asciende a un mínimo de 72 millones. Así pues, 4.265 metros de tranvía entre la Plaza Nueva y Santa Justa necesitan de una inversión no inferior a 155 millones de euros (25.769 millones de pesetas, cuando el estadio de la Cartuja, sin intereses, costó unos 20.500 millones). Al igual que se exige para todo proyecto de ley una memoria económica que justifique su financiación, cabe preguntarse si este dinero del contribuyente en un tranvía de 4.265 metros está justificado. En puridad, la línea sólo cubre un tramo sin otro transporte alternativo, los 700 metros de la Plaza Nueva a la Puerta de Jerez, porque en el futuro (que empezará el 30 de septiembre, si sigue importando el cumplimiento de los plazos) el Metro dará servicio al mismo entorno por el que se proyecta esta ampliación del tranvía. El Ayuntamiento decía -al igual que ahora los empresarios-que la ciudad necesitaba un segundo ciclo inversor, pero Sevilla perderá la fuerza moral para exigir nuevas inversiones si el dinero público se dedica, como en este caso, a infraestructuras duplicadas y prescindibles.

El alcalde de Guillena irá a juicio por las obras del Cerro

Nota de El Diario de Sevilla: aunque en la información no se indica, el Alcalde es militante del PSOE; esto de no reflejar la militancia de los alcaldes o concejales inculpados cuando pertenecen al PSOE es algo habitual en los medios de PRISA e incluso en la RTVA.

Fuente: El Correo de Andalucía - Rocío Velis  

El alcalde de Guillena se sentará en el banquillo acusado de tres delitos contra el medio ambiente, por la concesión de licencias en una zona verde. La Audiencia ha rechazado su recurso contra el inicio de la causa, porque hay indicios “constatables” de delito.

El procedimiento iniciado contra el primer edil de Guillena, Justo Padilla, por la presunta concesión de licencias para la construcción de 21 naves industriales en una zona verde continuará adelante, después de que la Audiencia Provincial de Sevilla haya desestimado su recurso contra el auto del Juzgado de Instrucción número 8 ordenando la apertura de diligencias.

En un auto muy fundamentado, más semejante a una sentencia, la Sección Primera deja claro que hay “indicios racionales serios y constatables” de que Padilla pudo conceder, mediante decretos de Alcaldía, “en tres ocasiones licencias con pleno conocimiento de su irregularidad”. En este sentido, la Audiencia considera que en el trámite administrativo previo, los técnicos municipales “especificaban que la parcela donde se ubica la construcción se encuentra con calificación de zona verde”.

En su recurso, Padilla apela a los procesos contencioso-administrativos pendientes sobre la modificación de la calificación de esta parcela en el polígono El Cerro. Sin embargo, el tribunal entiende que las actuaciones que se sigan a este respecto en otro orden jurisdiccional “no tiene directa e inmediata incidencia con lo que es objeto de estas actuaciones penales”.

Por otro lado, el auto incide en que no se puede “obviar” el hecho de que el acusado, “por llevar como alcalde de dicha Corporación una etapa suficientemente prolongada”, debe contar con “los mínimos y esenciales conocimientos de cómo se han de tramitar los expedientes administrativos” para la concesión de licencias urbanísticas. Más aún, “cuando está asistido por los correspondientes técnicos de esta materia”.

La causa, por la que el alcalde se enfrenta a casi cuatro años de prisión y a ocho de inhabilitación por tres delitos contra la ordenación del territorio –prevaricación especial– se abrió a raíz de una denuncia de IU-Nueva Izquierda-Unidad Popular Andaluza. La concesión de licencias se remonta a 2002.

El 86% de la plantilla de Altadis se prejubila a finales de mes

 Fuente: El Correo de Andalucía

 

La fábrica de Altadis en Sevilla, la más antigua del mundo, cerrará sus puertas definitivamente el próximo 31 de este mes tras más de 360 años de historia en la ciudad. Aún quedan 103 trabajadores realizando tareas de mantenimiento de las instalaciones y desmatelamiento de la maquinaria.

Cuando falta un mes para la clausura permanente de la planta de Altadis de Los Remedios, especializada en la producción de tabaco negro, en torno a un centenar de empleados continúan desarrollando trabajos en su interior, si bien la fabricación de cigarrillos permanece inactiva desde después del verano, según informó a Europa Press el secretario general de la Federación Agroalimentaria de CCOO-A y ex trabajador de la planta, Antonio Perianes.

Estas tareas se centran en la limpieza y el manteniendo las instalaciones y en el proceso de desmantelamiento de los activos, sacando maquinaria, de las que algunas ya “han ido a otras factorías del grupo como la que hay en Marruecos”. El objetivo es dejar a finales de este mes las naves totalmente vacías, ya que su cierre definitivo está previsto para el 31 de este mes.

Tras recordar que en esta fábrica “llegó a haber 700 trabajadores e incluso 6.000 en la época del anterior edificio del Prado de San Sebastián”, Perianes explicó que, tras la salida de diversos grupos de trabajadores por edad, actualmente existen 103 trabajadores en la planta, de los que cuatro irán para la planta de la tabaquera en Cádiz, otros cuatro para Logista, seis se acogerán a bajas incentivadas y el resto, 89 trabajadores, un 86%, se prejubilarán.

Por ello, según explicó, los trabajadores ya están tramitando la documentación, después de recibir indicaciones desde la dirección de Altadis sobre los pasos que deberán dar para poder acogerse al paro. Perianes precisó que a los trabajadores prejubilados les quedará la cuantía del paro y un complemento, de forma que “se les garantizará el 66% del salario neto”.

Para el representante sindical, la valoración que hacen los trabajadores con su situación ante el cierre es “positiva”, ya que “la mayor parte de los empleados que quedan son mujeres que, aunque tendrán una merma en su salario, tendrán una solución digna” tras la firma del acuerdo suscrito entre sindicatos y empresa a finales de 2004.

Sobre las instalaciones, Perianes recordó que el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) contempla esta zona como terciaria, por lo que “no se mantendrá como actividad industrial”, aunque aseguró desconocer el uso final que se darán a estos terrenos, algo en lo que siguen negociando la empresa tabaquera y Ayuntamiento de Sevilla.