¿Son abusivos los futuros precios del bonobús?

Blog de anillas – José Félix Machuca

El alcalde de Sevilla, en plena crisis económica, cree oportuno subir los precios del bonobús simple un 33,40%.

O sea, ese bonobús pasara a costar de 6 a 8 euros.

La medida, cuanto menos, se nos antoja chocante y chirría con los mensajes de esta alcaldía cuando habla de la crisis y de cómo tienen que soportarla las clases más desaventajadas.

¿Son los ususarios del bonobús los sevillanos mejor pertrechados para soportar la crisis?

Resulta evidente que los errores de gestión de los políticos los paga siempre el contribuyente.

¿Por qué tiene que pagar el ciudadano las meteduras de pata de asno que de manera continuada se han producido con la gestión de los Transportes Públicos locales?

El alcalde, para suavizar tan mala noticia, aconseja a los usuarios sevillanos que no se fijen en los precios sino en la calidad del servicio.

¿Es aconsejable tanto cinismo en un alcalde?¿Ustedes creen que el alcalde se monta mucho en los autobuses?

A él le basta el coche oficial.

Pero ¿piensan que el alcalde padece la crisis como usted que si tiene que montarse en autobús?

Dejen a continuación sus comentarios sin insultar ni ofender a nadie. Gracias.

El vicepresidente de Camps y la cúpula del PP valenciano dirigían la financiación ilegal

EL INFORME DE LA BRIGADA POLICIAL DE BLANQUEO SOBRE LA TRAMA GÜRTEL EN VALENCIA

Rambla y Costa negociaban con ‘El Bigotes’ los pagos por servicios al PP

Diario El País – JOSÉ MANUEL ROMERO
- Madrid – 24/09/2009

 
 

La cúpula del PP valenciano ha amparado y dirigido la financiación ilegal de esta formación política durante los últimos años, según el informe de la Brigada Policial de Blanqueo que investiga el caso Gürtel. La sala de lo Penal del Tribunal Superior de Valencia, que preside Juan Luis de la Rúa, amigo declarado del presidente autonómico Francisco Camps, se niega a investigar estos hechos
e incluso ha eliminado este informe policial del sumario sobre el supuesto cohecho impropio de cuatro altos cargos del PP.

El vicepresidente valenciano, Vicente Rambla; el secretario general del PP en esa comunidad, Ricardo Costa; el vicesecretario, David Serra, y la tesorera del partido, Yolanda García Santos, estaban al tanto de la operativa financiera irregular de esta formación política. Entre los cuatro dirigentes del PP arreglaron los problemas financieros de Orange Market, la empresa valenciana de la trama Gürtel, abonando supuestas deudas con dinero de procedencia desconocida o con facturas por servicios no prestados endosadas a empresas constructoras que han recibido múltiples contratos de la Generalitat Valenciana.

La Sala de lo Penal ha sostenido en un auto que estos hechos no guardaban relación con la investigación abierta por cohecho impropio contra cuatro altos cargos del PP, entre ellos Costa, que recibieron cuantiosos regalos de la trama corrupta.

La investigación policial, resumida en 89 folios y cinco anexos, describe con detalle los mecanismos para la financiación ilegal del PP valenciano.

Doble facturación. “De cada acto ejecutado se realiza una doble facturación, una real plasmada con una factura formal emitida por Orange Market al PP valenciano por los servicios prestados con el correspondiente IVA, que se integra bajo la denominación Alicante [la A mayúscula se refiere a su origen legal] y otra sin factura, y por tanto sin reflejo contable y sin repercutir el IVA bajo la denominación Barcelona [la B se refiere a dinero negro sin justificación legal]. En consecuencia no existe transparencia en las actividades económicas desarrolladas por Orange Market en relación a la facturación al PP de la Comunidad Valenciana.

Pago de constructoras. La investigación ha acreditado que hay casos en los que para pagar las facturas legales con IVA, Orange Market ha recurrido en ocasiones al cambio de cliente, endosando una factura por servicios prestados al PP a dos empresas constructoras que tienen múltiples contratos con la administración valenciana: Ortiz e Hijos y Facsa (Sociedad de Fomento Agrícola Castellonense SA).

En los pagos en dinero B por actos del PP, la policía ha recabado numerosos indicios de que en ocasiones se sufragaba con “aportaciones diversas de empresarios de la Comunidad Valenciana como Enrique Gimeno (Facsa), Enrique Tomás Ortiz (Ortiz e Hijos); Antonio Pons Dolf, presidente de PIAF; Vicente Cotino, del grupo empresarial Sedesa y sobrino del vicepresidente valenciano Juan Cotino, y Luis Batalla (Lubasa), enmascarando estas aportaciones mediante la emisión de facturas por parte de Orange Market para justificar el pago realizado”.

Costa, canalizador de los pagos. “Además el propio PP en la persona de Ricardo Costa actúa como canalizador de los pagos con fondos ajenos al sistema financiero como se desprende de las conversaciones telefónicas. Esta forma de actuación da opacidad a la verdadera naturaleza de la operación y por tanto no aporta transparencia a la actividad económica de la formación política.

Este sistema de doble facturación y de financiación irregular de los actos realizados para el PP por el conjunto de empresas dedicadas a la organización de eventos de Francisco Correa, Special Events y Orange Market, tiene una persistencia en el tiempo suponiendo actuación sistemática en las relaciones que mantiene la organización con la formación política como se deriva del conjunto de elementos aportados.

La organización negocia el pago de la deuda con los responsables políticos valencianos, siguiendo las indicaciones de Pablo Crespo (número dosde la trama corrupta), confeccionando facturas ad hoc, con conceptos acordado entre Ricardo Costa y Álvaro Pérez. David Serra, vicesecretario general, participa eliminando determinados conceptos, preparando los talones y fijando con Álvaro Pérez la cifra global de abono. Y Yolanda García librando los fondos a indicaciones de Ricardo Costa con conocimiento de la emisión de la factura por conceptos ficticios.

La juez ve un caso de prevaricación en la venta del solar de Mercasevilla

J. Alonso-El Correo de Andalucía

El caso Mercasevilla se ha partido en dos. La juez ha abierto ya diligencias específicamente por la venta del solar de la empresa a Sando en 2006. Esta línea ha tomado impulso esta semana con la imputación de dos delitos a Fernando Mellet y Jorge Piñero: prevaricación y maquinación para alterar el precio de las cosas.

La providencia, que fue dictada el pasado miércoles, determina los delitos a los que se enfrentan los dos únicos imputados en el proceso abierto por la venta de la opción de derecho a compra de los suelos de Mercasevilla a Sando. Esta línea la abrió la juez de oficio, tras detectar irregularidades, y tuvo como punto de inflexión la declaración de los técnicos que elaboraron el pliego de condiciones y que admitieron anomalías como la inclusión de una oferta económica máxima, que permitió a Sando ganar el concurso pese a la existencia de otra oferta económicamente mejor del Grupo Noga. Por esta operación, la juez imputa al ex gerente de Mercasevilla, Fernando Mellet, y al vicesecretario del consejo de administración de la empresa, Jorge Piñero, los delitos de maquinación para la alteración de precios y de prevaricación “a la vista de las supuestas irregularidades en el concurso público”.

Esta providencia, según fuentes consultadas, implica el impulso definitivo a otro proceso paralelo por el que serán llamados a declarar los dos imputados. Primero, el vicesecretario Jorge Piñero, cuyas instrucciones siguieron los técnicos que elaboraron el concurso, según ellos mismos declararon y la dirección política, según se recoge en las actas de la sesión del Pleno municipal donde se aprobó la determinación de usar la fórmula del concurso público en lugar de la subasta que podría haber producido más beneficios.

Piñero, también vicedecano del Colegio de Abogados, tendrá que ir a declarar el ante la titular del Juzgado de Instrucción número 6 el próximo día 25 de septiembre. En el caso de Fernando Mellet, aún no está citado, aunque lo más probable es que sea de nuevo convocado, ahora sobre otro caso. La primera vez que acudió a los tribunales, en el marco del proceso por la supuesta petición de comisiones ilegales a La Raza, el ex gerente renunció a hablar ante la juez y esgrimió un informe psicológico negativo. La situación podría repetirse en las próximas semanas.

Paralelamente, la juez continuará con el proceso abierto por las conversaciones grabadas a Mellet y su director adjunto, Daniel Ponce, en la que pedían una comisión como condición para acceder a una subvención de la Junta de Andalucía.

Todas las ayudas han sido revisadas. El próximo 28 está citado el ex sindicalista, Juan Lanzas, vinculado a los ERE aprobados, y ya en octubre el delegado provincial de Empleo, Antonio Rivas.

El fuego arrasa cuatro veces más la superficie que en 2008

C. Rengel-El Correo de Andalucía

 

“Es un mal año… Malo no, muy malo”. Las cifras obligan a la confesión a la consejera de Medio Ambiente: 2009 está siendo durísimo para el monte andaluz, donde se han quemado en nueve meses cuatro veces más hectáreas que en todo el pasado año y se ha duplicado la media de la década. El exceso de matorral y el calor son las causas de este incremento.

La estadística confirma una tendencia que se estaba sintiendo en el monte en los últimos meses: 500 hectáreas calcinadas en Tarifa (Cádiz), 7.000 más en Mojácar y Turre (Almería), la oposición reclamando a la consejera que compareciera en el Parlamento en pleno julio… “Está siendo un año duro y sobre todo el verano ha sido muy malo, con unos ocho o diez incendios de media diaria en cada provincia”, reconoce la titular andaluza de Medio Ambiente, Cinta Castillo.

Entre el 1 de enero y el 14 de septiembre de 2009, en Andalucía se han registrado 803 incendios que han arrasado 12.277,5 hectáreas de monte. Casi el 77% de los fuegos no ha pasado de conato (un total de 617), esto es, la superficie quemada ha sido menor de una hectárea, y otros 186 (un 23,2%) alcanzan la categoría de incendio propiamente dicha. Huelva, con 151 intervenciones del dispositivo del Infoca, es la provincia que más incendios ha registrado, mientras que en el lado opuesto se sitúa Málaga, con 69 incidencias. Por superficie calcinada la que peor parada ha salido es Almería, con 9.013 hectáreas quemadas frente a las 93,7 de Córdoba, donde menos suelo ha quedado dañado.

Esta radiografía sitúa al presente año como el más virulento en materia de incendios forestales del último lustro y el segundo peor de la década, sólo superado por las 43.000 hectáreas quemadas en todo 2004, el año trágico en el que, sólo en el fuego de Riotinto (Huelva), las llamas arrasaron más de 30.000 y acabaron con la vida de dos personas. Entre enero y septiembre de este año prácticamente se ha duplicado la media histórica de los últimos 10 años en Andalucía, cifrada en unas 7.300 hectáreas según la agencia Efe. Aún más dura resulta la comparación con los datos de 2008, un año inusualmente tranquilo, con unas 3.000 hectáreas quemadas, una cifra que, a falta de tres meses para cerrar el ejercicio de 2009, ya es cuatro veces superior.

La consejera trata de amortiguar la dureza de estos datos explicando que el 92,3% del suelo afectado (11.334,32 hectáreas) corresponde a matorral y el resto (7,7%, 943,18 hectáreas), a zonas de arbolado. “No es que el matorral no sea importante, forma parte de los ecosistemas y es valioso, cualquier incendio supone pérdida y destrucción, pero el matorral se regenera de una forma más rápida y no hay especies en vías de extinción, no están protegidas, y en cualquier tarea de prevención tendrían que quitarse”, afirma. ¿Eso quiere decir que el monte no ha estado suficientemente limpio de cara al verano, como denuncian WWF y Ecologistas en Acción? Castillo lo niega: “Tenemos el monte absolutamente limpio. El Plan Infoca tiene a 4.800 personas trabajando, invierte cada año casi 200 millones y el 60% de ellos se gasta en prevención. Cumplimos con nuestra labor de limpieza, sí, pero recuerdo que también los particulares tienen la obligación de tener el monte absolutamente limpio”, defiende.

El principal partido de la oposición, el PP, entiende, por contra, que la prevención del Infoca ha sido “ineficaz”, pese a que ya el dispositivo no es estacional sino que trabaja durante todo el año. Su portavoz ambiental, Carolina González Vigo, ha sostenido en el Parlamento que la Junta “sólo ha actuado de forma preventiva sobre 18.000 hectáreas forestales de las casi cinco millones que tiene Andalucía”, lo que supone un “peligro en potencia” para el monte. Medio Ambiente es titular del 30% de ese suelo, con lo que debería gestionar 1,39 millones de hectáreas de monte; el resto, el 70% del espacio forestal, es de titularidad privada. El PP sostiene que, pese a que los particulares tienen también que cumplir con sus deberes, “la Junta sólo atiende al 0,38% del territorio que debería”.
La consejera insiste en que el Plan Infoca es “eficiente”, en que “se organiza muy bien” y en que debe seguir en la línea de trabajo actual. Sin embargo, con los ojos puestos en los “austeros” presupuestos de 2010, le surge la duda de si mermará la inversión actual. “Veremos, a ver si la podemos mantener”, apuntó.

Castillo ha negado la mayor desde inicios del verano y también cuando, a finales del mes de julio, tuvo que comparecer en comisión en el Parlamento para explicar la ola de incendios que sufría la comunidad. Siempre ha sostenido que la prevención del Infoca es “adecuada” y que son otros los motivos que llevan a que el monte arda. Pasado el verano, afirma que son dos las causas fundamentales. La primera es que “ha habido unas precipitaciones afortunadísimas en otoño pasado y primavera, que siempre vienen muy bien”, lo que ha hecho que crezca mucho el pasto y haya mucho matorral y mucho combustible en el campo.

La segunda es que a esa masa seca lista para arder se han sumado temperaturas “muy elevadas, de más de 40 grados, sostenidas durante dos, tres, cuatro días y acompañadas de vientos de hasta 80 kilómetros por hora, como sucedió en Mojácar y Tarifa”. Ese cóctel “peligroso” de combustible, calor y viento hizo que los incendios “fuesen más difíciles de controlar y la superficie afectada creciese”.

Desde Medio Ambiente reconocen que se han vivido días “críticos” este verano, sobre todo en julio, y que sin ayuda externa el drama hubiera sido mucho mayor. “Si no hubiese sido por la Unidad Militar de Emergencias, por la ayuda de otras comunidades y por los medios aéreos del Ministerio de Medio Ambiente, no hubiésemos podido evitar una catástrofe mayor, una catástrofe que tenía todas las posibilidades de crecer porque las circunstancias a las que nos enfrentábamos eran insalvables. Esa colaboración ha sido esencial”, concluye la consejera.