Cinco ediles del PSOE son imputados por un fraude electoral

EUROPAPRESS

 

Un concejal de Carboneras fue sorprendido tirando el voto por correo de 40 vecinos

El titular del Juzgado de Instrucción número uno de Vera (Almería) ha imputado un presunto delito electoral al ex alcalde y actual teniente alcalde de Carboneras, Francisco Ruiz Aguado (PSOE), la edil de Presidencia, Rosario Fernández (PSOE) -hermana del actual regidor, Cristóbal Fernández-, la concejal de Turismo, Josefa Cruz (PSOE), la ex edil socialista Josefa Ruiz y el empresario Juan Cruz por un presunto fraude en el voto por correo en las elecciones municipales de 2007.

Fuentes judiciales revelaron que el juez ha citado a declarar hoy a Ruiz Aguado, que, cuatro días antes de los comicios, fue sorprendido supuestamente por un panadero del pueblo cuando tiraba a la basura una bolsa que contenía la documentación relativa al voto por correo de 40 vecinos del municipio, entre la que estaban las papeletas de todos los partidos salvo el PSOE.

Las dos ediles, la ex concejal y el empresario, imputados por el juez a raíz de las declaraciones de una treintena de testigos, tendrán que declarar el próximo mes de octubre por presuntas coacciones o promesas a vecinos del municipio a cambio de votar por correo al PSOE.

Francisco Ruiz Aguado asumió la Alcaldía de Carboneras en noviembre de 2006 después de que Cristóbal Fernández (PSOE) dimitiera del cargo para cumplir la condena de seis meses de inhabilitación impuesta en 2005 por un delito electoral cometido en 1999 derivado de “coacciones” a un funcionario municipal en el voto por correo.

Estilo “periodístico” al servicio del PSOE

El Diario de Sevilla

Son muchos los casos de corrupción soportados en el urbanismo que se están dando en nuestra Andalucía en los últimos 25 años; en estos años el PSOE ha gobernado la comunidad con mayoría absoluta o casi absoluta.

De la responsabilidad del Gobierno del Psoe, de los corruptos y de las direcciones de los partidos a los que pertenecen estos corruptos ya han corrido ríos de tinta; no me voy a ocupar de esto pero si de la forma, del estilo en que algunos “periodistas” cuentan estos hechos.

Centrándome en el caso de Estepona, cuando aparece la noticia, en ningún momento aparece en el titular en los medios de PRISA (el Correo de Andalucía, por ejemplo) las siglas PSOE junto a las del Alcalde imputado, solo se habla en el cuerpo de la noticia del “alcalde socialista de Estepona”: se guardan muy mucho de asociar las siglas PSOE al Alcalde Imputado por Corrupción.

Hoy, cuando han llamado a declarar a concejales del PP y del PA, les ha faltado tiempo para asociar estas siglas en el titular al caso de corrupción: “La Policía llama a ediles de PP y PA en Estepona” a pesar de que, en el cuerpo de la noticia, indican que no se sabe si declaran como imputados o como testigos.

De la misma forma, la noticia de que la hija del Presidente del Senado, el militante del PSOE Javier Rojo, también ha sido llamada a declarar no merece el titular; eso si, por si acaso, “informan” que “La directora de Urbanismo del consistorio costasoleño, Patricia Rojo, hija del presidente del Senado, Javier Rojo, fue otra de las que pasaron el miércoles por las dependencias policiales. Lo hizo como imputada a petición propia para tener así más garantías procesales. Al salir de la comisaría, acompañada de tres personas, no quiso hablar a los medios de comunicación y se metió rápidamente en un coche”.

Como pueden ver, en ningún momento dicen que Javier Rojo es del PSOE ; eso si, resaltan  que es Patricia la que solicita ir como imputada, voluntariamente.

Es un buen ejercicio analizar no solo lo que dicen los medios sino cómo lo dicen; El Correo de Andalucía, medio ampliamente distribuido de forma gratuita por centros de día, residencias de tercera edad, organismos públicos, … en Sevilla, cumple hoy, con él titular en el que aparecen las siglas PP y PA, con su labor partidista en favor del PSOE de dar a los simpatizantes y militantes socialistas el argumento de que los otros también están “pringaos”… en unos días, cuando la marea vaya bajando, lo que se irá transmitiendo es que el PP y el PA son los que estaban detrás de todo y el PSOE ayudó, una vez más, a la limpieza democrática y a la lucha contra el corrupto.

Os invito a todos los que entráis en este blog a hacer este ejercicio crítico, es gratis, solo tenemos que entrar en las webs de los medios para darnos cuenta de que no solo no existe prensa libre (en mi opinión esto es imposible) sino de que ni siquiera es ecuánime, o lo que es lo mismo, que no tiene imparcialidad de juicio.

Seguiremos

El alcalde accidental de Estepona declara dos horas como imputado

Encarna Jerez - Diario de Sevilla - grupo Joly

 

La atención que durante días despertaron los juzgados de Estepona por el caso Astapa, que investiga una presunta trama de corrupción urbanística en el municipio malagueño, se trasladó ayer a la Comisaría del Cuerpo Nacional de Policía, donde prestaron declaración por orden de la instructora del caso, entre otros, el alcalde accidental de la localidad, Rafael Montesinos (PA), y la coordinadora del área de Urbanismo, Patricia Rojo, hija del presidente del Senado, Javier Rojo.

También pasaron por las dependencias policiales el gerente de Urbanismo del Ayuntameinto, Juan Manuel Ramos, y el abogado Ignacio Pérez de Vargas, miembro de la Fundación Antonia Guerrero, que impulsa la puesta en marcha de la Ciudad del Conocimiento. El martes a última hora de la tarde también declaró en la comisaría el edil del PP Guillermo Galeote.

Montesinos, que asumió la Alcaldía en funciones tras la detención del socialista Antonio Barrientos, ahora en prisión por este caso, llegó a la comisaría a primera hora de la tarde y declaró durante aproximadamente dos horas ante los investigadores. Eludió en todo momento aclarar si acudía como imputado o testigo y se limitó a decir que estaba dispuesto a “colaborar con la Justicia en todo lo posible”.

Por la mañana compareció ante la Policía Patricia Rojo, que prestó declaración como imputada en las diligencias, informa Efe. La coordinadora de Urbanismo permaneció más de cuatro horas en el interior de la comisaría, de donde salió sobre las 14:30. Abandonó las dependencias evitando en todo momento a los medios de comunicación que esperaban su salida.

Rojo fue propuesta por el PSOE en el anterior mandato de la Corporación, cuando los tres partidos integrados en el pacto de gobierno -PSOE, PES e IU- diseñaron una Gerencia de Urbanismo mancomunada con responsables de los tres partidos.

Los concejales socialistas expulsados del PSOE Asunción López, Mariví López, Marisa Rodríguez y Francisco Zamorano, en libertad bajo fianza por la operación Astapa, emititieron ayer un comunicado conjunto para anunciar su decisión de mantener sus actas porque “somos inocentes de las hechos que se nos imputan”.

De los imputados por la operación que quedan por abonar la fianza impuesta por la juez del caso, Mariví López (30.000 euros) lo hará mañana tras pedir una ampliación del plazo. El abogado Juan Simón ha solicitado una reducción de su aval de 300.000 eruos que fijó la instructora. En total, 18 de los 26 detenidos están en libertado con cargos y bajo fianza.

Aquí no dimite ni dios

Ignacio Martínez - Diario de Sevilla - Grupo Joly

 

Una semana después de estallar el caso Estepona no ha dimitido nadie. Ni siquiera Antonio Barrientos ha dejado de ser concejal; sólo ha renunciado a la Alcaldía. En el PSOE se ha abierto el paraguas para aguantar el chaparrón informativo, en la convicción de que la prensa se cansará y otros temas harán olvidar el fiasco de su gestión en el Ayuntamiento de Estepona. Estos ocho días nos han aportado mucha noticia de lo que pasaba en este municipio. La juez considera que Barrientos era el cabecilla de una red dedicada a obtener fondos de promotores y empresarios para financiar actividades públicas y privadas, y para enriquecerse personalmente. Entre las actividades privadas estaría financiar a su propio partido. Esta semana hemos sabido de cajas de seguridad en los bancos con dinero B, de billetes de 500 euros con los que se atendía a asociaciones en campaña electoral, de concejales socialistas que advirtieron a la dirección provincial sobre lo que estaba pasando.

Y en este punto, encontramos uno de los nudos gordianos del problema. La secretaria provincial, Marisa Bustinduy, y el secretario regional de Organización han entonado al unísono la misma canción: “A mí, que me registren”. La semana pasada ponía como ejemplo que Willy Brandt dimitió como canciller de Alemania Federal porque se descubrió que su secretario personal, Günter Guillaume, era un espía de la RDA. No había ningún indicio de que este sujeto y su mujer eran infiltrados de la Alemania comunista, pero un político de la categoría de Brandt se sintió responsable. Aquí no hay responsables políticos, porque no hay dirección política. Luis Pizarro, el número dos del PSOE andaluz, afirma que ha fallado la condición humana. No. Han fallado los controles políticos. La burocratización de los partidos trae estas cosas: un funcionario reclama al concejal que señala irregularidades que “la denuncia sea probatoria”, igual que el empleado de una ventanilla pública exige que una solicitud sea por duplicado y con una póliza de 20 céntimos.

Una dirección política es otra cosa: supone una autoridad y una responsabilidad. La Junta de Andalucía, para cubrirse, señala que ha abierto 1.300 expedientes por presuntas irregularidades urbanísticas en Estepona. ¿No lo sabía el Partido Socialista? Pizarro y Bustinduy tenían miles de indicios sobre irregularidades en este municipio. Por tanto, tienen miles de razones más de Brandt para asumir su responsabilidad. ¿Saben ustedes que Barrientos es delegado al congreso regional del PSOE en el número 9 de la lista de Bustinduy?

Ahora no se puede venir a decir a la opinión pública que ha habido un fallo humano, como si el maquinista de un tren se salta una señal. Aquí hay un problema de código, de valores, de ética. De control político. Y muchos responsables. Pero no dimite ni dios.

Inflación de activos

Joaquín Aurioles - Diario de Sevilla - Grupo Joly

 

El BCE aprovecha cualquier oportunidad para proclamar su compromiso con el objetivo de inflación y su independencia de los gobiernos, pero ¿a qué inflación se refiere? Obviamente la atención se centra en el IPC, del que en los últimos tiempos sólo se reciben malas noticias, pero al que desde hace un par de décadas observan de cerca los principales bancos centrales de todo el mundo, sin perder de vista la evolución del precio de los activos reales y financieros. Como hemos podido comprobar en estos últimos años, la escalada de la bolsa y el aumento en el precio de los inmuebles eleva el valor del patrimonio de sus propietarios y pone en marcha lo que se conoce como efecto riqueza, es decir, una dinámica de consumo y endeudamiento que alimenta a las denominadas burbujas especulativas.

A finales de los 80, Japón era uno de los pocos países del mundo que había conseguido superar las tensiones inflacionistas de la década anterior y disfrutaba de una cierta relajación monetaria, con abundante liquidez y sin tensiones en el IPC. Otra cosa era el índice Nikkei y el precio de los inmuebles, cuya espectacular evolución era el reflejo de una perversa combinación de exceso de dinero en circulación, escasez de suelo y expectativas de ganancias especulativas a corto plazo. Las autoridades monetarias japonesas advirtieron el riesgo y pusieron en marcha un programa de restricción del crédito que, en un país sin problemas aparentes de inflación, llevó el tipo de interés oficial hasta el 6%. Al final, hubo pinchazo y de tal magnitud, que después de casi dos décadas, todavía no han conseguido recuperarse del todo.

Fue la primera experiencia de reventón de una burbuja en tiempos modernos, a la que después han seguido otras, como las punto.com, en cuyos orígenes se encontraba la consabida mezcla de abundancia de dinero e inflación de activos que, dada su limitada repercusión sobre el IPC, podría incluso admitirse como consentida por los bancos centrales. En el subconsciente colectivo figuraba el convencimiento de que este tipo de burbuja no puede inflarse indefinidamente, que el riesgo de reventón aumenta con el volumen y que cambios en el contexto, como en los tipos de interés, pueden precipitar los acontecimientos.

De la crisis actual también hemos aprendido otras cosas. Por ejemplo, que el exceso de liquidez desaparece en el momento en que se encienden las primeras alarmas sobre riesgo de insolvencia en empresas e inversores; o que la pretensión de los bancos centrales de desinflar las burbujas especulativas mediante sutilezas monetarias no ha conseguido, en la mayoría de los casos, evitar su estallido final y la sensación de que, en última instancia, la economía financiera termina merendándose a la real. En estas circunstancias, parece oportuno preguntarse si la estrategia de control monetario pondera adecuadamente todas las manifestaciones de la inflación y, en particular, si no habría que comenzar a cuestionar el sentido de una política monetaria empeñada en marcar de cerca un IPC que ignora escandalosamente el precio de los activos y, más concretamente, el de la vivienda.

‘Estepona connection’

Ignacio Martínez - Diario de Sevilla - Joly

Lo más relevante de la detención de 20 personas vinculadas a una presunta trama de corrupción municipal en Estepona es la farisea sorpresa en la cúpula del PSOE. El socialista Antonio Barrientos gobernó entre 2003 y 2007 esta localidad de la Costa del Sol con José Ignacio Crespo como número dos. Casualmente, el mismo lugarteniente que tuvo Jesús Gil Marín en los cuatro años que estuvo en la Alcaldía entre 1995 y 1999. La Fiscalía dice que esta trama esteponera trabajaba según la escuela gilista de Marbella. Crespo es un tipo listo: consiguió ser el primer teniente de alcalde de Gil y, después, del alcalde socialista. Es más, fue el número tres de aquel partido antisistema llamado GIL, detrás de los dos Jesús Gil, padre e hijo. Era el hombre de confianza de la familia, para entendernos.

A nadie le pareció mal que apareciese más tarde a la vera de Barrientos. Ni a la secretaria provincial del PSOE, Marisa Bustinduy, ni al secretario regional, Manuel Chaves, ni al secretario general, José Luis Rodríguez Zapatero. Pero ayer, sin embargo, todo el mundo se rasgaba las vestiduras en el campo socialista. Le han abierto expedientes de expulsión a Barrientos y compañía. Hubo hasta quien sacó pecho: Álvaro Cuesta, secretario de Política Municipal, y Gaspar Zarrías, vicepresidente de la Junta, se preguntaron “por qué el PP no actúa con la misma contundencia contra los casos de corrupción surgidos en sus filas, como hace el PSOE”. Habría que pedirles compostura; más medicina preventiva y menos cirugía de salón.

Cuando en 1974 se descubrió que el secretario personal Willy Brandt, Günter Guillaume, era un espía de la Alemania comunista, el canciller dimitió. Se sintió responsable. Estoy seguro que ante la Estepona connection Bustinduy, Chaves y Zapatero no van a hacer otra cosa que indignarse. Y llueve sobre mojado: el PSOE gobernó en el mandato municipal que terminó el año pasado con viejos gilistas en Manilva hasta que metieron en la cárcel al alcalde Tirado. No son los únicos. El PP en Ronda, Izquierda Unida en Estepona y Manilva, y el PA en Ronda y Estepona han gobernado entre 2003 y 2007 en la Costa del Sol con significados gilistas. Hay una gran diferencia entre estas galanterías y el pacto republicano francés contra el ultraderechista Jean-Marie Le Pen. Javier Arenas ha dicho que hay que cambiar los controles de las políticas urbanísticas. De acuerdo. Pero antes hay que cambiar los controles de las políticas de partido: el PP gobernó con gilistas en Estepona antes de que lo hiciera Barrientos. Los dirigentes del PSOE y el PP son como el policía de Casablanca: cierra el local indignado, porque se ha enterado que se juega, pero coge su parte de la recaudación.

Después de lo de Estepona, Bustinduy, Chaves y Zapatero deberían dimitir, siguiendo la senda ética de Willy Brandt. Y si no quieren, al menos, que no nos tomen por tontos.

Andalucía es la segunda comunidad donde se han disuelto más empresas este año

EUROPAPRESS

Desde enero hasta mayo han desaparecido 1.549 empresas en Andalucía, cifra sólo por detrás de la registrada en Madrid

 

Andalucía es tras Madrid la segunda comunidad en el ranking por disoluciones de empresas, ya que han desaparecido desde enero hasta mayo 1.549 empresas, seguida por la Comunidad Valenciana, con 1.528 empresas y Cataluña, con 1.307 empresas.

Según el estudio ‘Informe de Movimientos Empresariales’ realizado por Informa D&B, la Comunidad andaluza también se sitúa en el segundo escalón del rankind en constitución de nuevas empresas, con 8.539. seguida por la Comunidad Valenciana, con 1.528 compañías. Basándose en las cifras de fusiones, en el estudio destacan Cataluña (314 compañías), Madrid (254 compañías), Andalucía (108 compañías) y la Comunidad Valenciana (88 compañías) como las Comunidades con mayor número de integraciones empresariales en 2008.

 A nivel nacional, de enero a mayo se han disuelto 10.747 empresas, un 37,04 por ciento más que en los cinco primeros meses de 2007, período en el que desaparecieron 7.842 compañías. Asimismo, hasta el mes de mayo de 2008 se han contabilizado 54.503 constituciones, 16.766 menos que en 2007, cuando se crearon 71.269 empresas, lo que supone un descenso del 23,52 por ciento. Respecto a las fusiones, el estudio refleja un cambio de 944 empresas en los cinco primeros meses de 2007 a 1.034 en 2008, lo que se traduce en un incremento del 9,53 por ciento.

EADS sufre un varapalo en su lucha con Boeing por el ‘megacontrato’

DIARIO DE SEVILLA - JOLY - Agencias / Washington

Un informe encargado por el Congreso de EEUU da la razón a Boeing en su queja por la decisión del Pentágono de conceder a EADS y su socio Northrop Grumman un contrato por 40.000 millones de dólares para fabricar 179 aviones cisterna.

El informe fue emitido ayer por la Oficina de Supervisión del Gobierno (GAO), a la que Boeing apeló para denunciar las “irregularidades” en la concesión del contrato. GAO reconoció que en el proceso de selección se cometieron “errores significativos que podrían haber afectado al resultado”. Por lo tanto, sostiene que “Boeing tiene motivos para efectuar su protesta” y recomienda que el Pentágono obtenga nuevas ofertas revisadas y haga un nuevo proceso de selección, aunque su dictamen no es vinculante.

Innovación y formación, una receta que no puede esperar

Javier Chaparro - DIARIO DE SEVILLA - JOLY

 

La crisis económica no admite eufemismos y es un hecho presente. La asamblea de empresarios del Aljarafe culminó ayer con una conferencia-coloquio a cargo de Francisco Ferraro, catedrático de Economía Aplicada, quien tras hacer el diagnóstico de las causas que han generado la recesión planteó algunas fórmulas para poder superarla: a los ciudadanos les advirtió que no pueden vivir “por encima de sus posibilidades”; a los empresarios, que la supervivencia pasa por “la diversificación” de sus productos y la búsqueda de nuevos mercados; a las administraciones públicas, que “no estorben”.

Hace justo un año y en el mismo foro, el también miembro del Consejo Editorial del Grupo Joly ya había pronosticado que la situación económica se iba a ver sometida a un período de recesión a la vista de algunos indicadores internacionales e internos que ahora dejan ver sus efectos en forma de subida del IPC y del desempleo y de reducción del crecimiento económico. “Algunos me tacharon entonces de catastrofista: lamento no haberme equivocado”, apuntó.

¿Qué cabe hacer ahora? La receta fue especialmente amarga para los gobiernos español y andaluz, especialmente a la vista de decisiones como la “aberrante” rebaja de 800 euros en la retención del IRPF -los primeros 400 se aplicarán en la nómina de junio- o la aprobación del Plan de Vivienda de Andalucía, que prevé la construcción, previa subvención pública, de 100.000 nuevas VPO pese a que sólo el stock de residencias nuevas desocupadas se sitúa en torno a las 90.000 en la comunidad autónoma.

A este respecto fue especialmente duro con la actuación de muchos ayuntamientos -y el Aljarafe está plagado de ejemplos- que teniendo en su mano el lápiz del diseño urbanístico han aprovechado esta circunstancia para elevar de forma espectacular su nivel de ingresos a través de convenios y licencias municipales.

“Hay que reconocer la situación de crisis para poder afrontarla” y “romper la costumbre de que el sector público” está para resolver los problemas de la economía, indicó el catedrático a modo de aviso a navegantes. Las administraciones, en conclusión, tienen cada vez menos medios para resolver las etapas de dificultad económica. Al menos, por sí solas.

El margen de maniobra de los gobiernos en materia fiscal, explicó, “es estrechísimo” porque corren el riesgo de quebrantar el principio de estabilidad presupuestaria y de entrar en déficit, aunque sí pueden hacer más a la hora de recortar el gasto corriente. Sí mostró Ferraro una moderada complacencia con medidas como la agilización de las inversiones públicas -como está haciendo la Junta desde comienzos de año con el fin de aumentar la carga de trabajo del sector privado- o el alargamiento del plazo de amortización de las hipotecas, una decisión impulsada por el Gobierno de Rodríguez Zapatero.

Aunque confió en que la recesión sea transitoria y no se prolongue en el tiempo, sostuvo que como poco no se comenzará a ver la luz al final del túnel hasta 2010. Dicho de otro modo, demasiado tiempo para esperar a que escampe sin hacer nada. Al centenar largo de empresarios presentes les conminó a ajustar los costes de producción, a aumentar la productividad, a fomentar la colaboración entre ellos, a invertir en la formación de los trabajadores y, en subrayado, a innovar. El mensaje fue especialmente nítido a este respecto. Y rotundo: “Quien no innove se queda en la calle”.

Entre los asistentes figuraban la directora general de Investigación, Tecnología y Empresa, Susana Guitar, y la delegada de la Consejería de Innovación en Sevilla, María José Martínez. En contraste con Ferraro, una y otra defendieron el apoyo que la Junta de Andalucía presta en forma de incentivos a las empresas, sobre todo en materia de innovación, y rechazaron la idea de que la Administración promueva la cultura del subsidio.

Guitar indicó que no se puede caer en el “derrotismo” y Martínez se quedó con el reverso de la moneda: la crisis no es si no “una oportunidad” para hacer frente a unos cambios que pasan por la innovación.

El alcalde de Estepona, concejales, técnicos y empresarios, detenidos en una nueva Malaya

E. J. · A. V. · P. D. A. - Diario de Sevilla - Grupo Joly

La Fiscalía considera que el Ayuntamiento esteponero funcionaba “con el mismo patrón” que el de Marbella · Al menos 25 personas arrestadas y la operación sigue abierta.

La corrupción urbanística salpica otra vez de lleno a un equipo de gobierno de la Costa del Sol. El alcalde de Estepona, Antonio Barrientos, y buena parte de la corporación municipal fueron detenidos ayer por la Policía Nacional acusados de irregularidades en este campo, así como de blanqueo de capitales. En la operación, denominada Astapa y que la Fiscalía compara con Malaya, han sido arrestadas al menos 25 personas, entre los que se encontrarían, técnicos del Consistorio, empresarios del municipio, grandes nombres del sector de la construcción y abogados. La intervención continuaba abierta al cierre de esta edición.

La Dirección General de la Policía y la Guardia Civil informó ayer en un comunicado de que el dispositivo policial, en el que participaron más de 200 agentes, se extendió también a las provincias de Madrid, Córdoba, Bilbao y San Sebastián. Ésta señaló que entre los detenidos estaban “los principales responsables de la Corporación municipal de Estepona, técnicos, abogados y empresarios, a los que se vincula con delitos conectados con la corrupción urbanística y el blanqueo de capitales”. Durante la jornada de ayer, se realizaron 38 registros domiciliarios y en sedes de empresas. “También se han expedido órdenes de prohibición de enajenar bienes inmuebles, dirigidas a 22 registros de la propiedad, de 55 personas físicas y jurídicas; y se ha solicitado la prohibición de enajenar 64 bienes muebles de 36 personas. Asimismo, se ha ordenado el bloqueo de cuentas corrientes y activos financieros dirigidos a 91 entidades de 78 personas físicas y jurídicas”, precisaron.

La operación Astapa ha destapado un entramado corrupto que supuestamente alcanzaba a los principales nombres del equipo de gobierno del Ayuntamiento de Estepona y cuyo origen podría encontrarse en la implicación de una de estas personas en el caso Malaya. Fuentes cercanas a la investigación señalaron que, además del alcalde, Antonio Barrientos (PSOE), habrían sido arrestados el concejal de Economía y Hacienda, Francisco Zamorano (PSOE); la concejala de Playas, Marisa Rodríguez Pino (PSOE); la edil de Educación, María Victoria López (PSOE); el concejal de la oposición Manuel Reina (PES); el jefe de gabinete de la Alcaldía, José Flores; el ingeniero de Urbanismo Javier Wittmeur; y el arquitecto municipal Arturo Cebrián, a quien unas escuchas telefónicas ya vincularon el pasado mes de febrero con la operación Hidalgo contra el blanqueo de capitales procedente de actividades delictivas.

Las acusaciones también han salpicado a los responsables de las empresas locales Codelsa y Ceano, que tenían relaciones comerciales con el Consistorio, y el empresario cordobés José Romero, propietario de Prasa y del Córdoba CF, cuya familia desmintió su arresto y precisó que únicamente había sido llamado para que aclarase “la actividad inmobiliaria de la compañía a lo largo de los últimos años en Estepona”. Fuentes próximas a la empresa Valle Romano manifestaron que la sede que ésta tienen en la urbanización que lleva el mismo nombre fue inspeccionada por agentes.

Fuentes del Ministerio Público señalaron a Efe que el Ayuntamiento de Estepona funcionaba “con el mismo patrón” que el de Marbella, en la misma provincia, bajo el gobierno del Grupo Independiente Liberal (GIL) y han añadido que los delitos que se investigan son, en principio, los de cohecho, tráfico de influencias, prevaricación y blanqueo de capitales.

Como en el caso de Marbella, la investigación se centra en la recalificación de terrenos del municipio, que se otorgaban a diversas sociedades a un precio muy inferior al de mercado y señalaron que en la causa obran múltiples intervenciones telefónicas que indican que los concejales que firmaban esas adjudicaciones obtenían un beneficio económico.

Algunas de las supuestas irregularidades cometidas en Estepona se analizaban en un informe elaborado por la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal de la Policía recogido en el sumario del caso Malaya contra la corrupción en Marbella.

Los investigadores vieron “intereses ocultos” en un convenio urbanístico firmado en noviembre de 2005 entre el Ayuntamiento de Estepona y una sociedad inmobiliaria cuyo administrador único era Óscar Jiménez, uno de los testaferros del presunto cerebro de la operación Malaya, Juan Antonio Roca.

El acuerdo, relativo a la venta de aprovechamientos urbanísticos en la zona de Bahía de Estepona, fue suscrito por Barrientos con el apoderado de una inmobiliaria imputado en Malaya y supuso la venta del 90% de la parcela a 757,1 euros el metro cuadrado y el 10% restante a 831,3 euros. Los responsables del caso observaron un “desfase” en la valoración referida a unos 2.300 metros con la que se fijaba en un contrato privado suscrito entre la primera inmobiliaria y otra sociedad, que cifró en 2.085 euros el precio de cada metro cuadrado edificable.

La Ejecutiva Regional del PSOE andaluz decidió ayer iniciar los trámites para incoar expedientes de expulsión provisional del partido de aquellos concejales implicados en la investigación policial, lo que supondría el ocaso político de Barrientos, cuya carrera ha estado marcada por claroscuros.

La operación, desarrollada por la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional, es coordinada por la titular del juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Estepona y la Fiscalía Anticorrupción.